EN el primer semestre del año 2013 ha aflorado otro de los efectos previsibles de las políticas laborales del PP frente a la crisis. Según informe del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, la duración media de las bajas médicas por enfermedad común y accidente no laboral ha disminuido en un escenario de descenso de los índices de frecuencia de las mismas. Este nuevo fenómeno puede tener diferentes causas, una de ellas el hecho de que "los trabajadores se reincorporan al trabajo más tempranamente de lo que lo hacían en otros momentos socioeconómicos, y probablemente, en un estado de recuperación de su salud incompleto". Esta sospecha ha sido ratificada por frecuentes testimonios de médicos de familia y pacientes.
Sin olvidar el rotundo fracaso de las últimas reformas laborales en términos de recuperación de tasas de empleo, hay que señalar los costes en términos de salud que recaen sobre la sociedad y derivan de estas políticas. Las personas asalariadas tienen miedo de estar de baja porque ahora pueden ser despedidas de forma procedente aunque dichas bajas sean necesarias y justificadas.
Pero el PP tiene más agresiones legales al derecho a la salud de las y los trabajadores en la cartuchera. Una de ellas, de próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado, es el proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de gestión y control de los procesos por Incapacidad Temporal en los primeros 365 días de su duración. El proyecto ha sido publicado con fecha 10 de octubre de 2013 tras su paso por el Consejo Interterritorial de Salud.
Este proyecto refleja la despreocupación de sus redactores por la salud de las y los trabajadores, su voluntad de ahorrar gastos en prestaciones económicas de la Seguridad Social y su decisión de favorecer los intereses económicos de los empresarios a costa de los derechos a la salud de las y los empleados. Solo se pretende ahorrar persiguiendo un supuesto, y nunca demostrado, fraude en la prescripción y mantenimiento de las bajas médicas por motivos comunes.
Los contenidos principales y más perjudiciales del Proyecto del Real Decreto se mantienen tras su paso por la Comisión Interterritorial de la Salud:
1. Se da libre acceso a la historia clínica informatizada de todos los trabajadores a los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ajenos al sistema sanitario público. Se ponen así, al servicio de estrategias de ahorro y reducción de prestaciones de la Seguridad Social, los datos médicos recabados por el sistema sanitario público, Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, al objeto de proteger la salud de la persona enferma.
2. Se abre el camino para dar acceso a los médicos de las mutuas a los datos clínicos de los trabajadores que están de baja laboral por enfermedad común o accidente no laboral.
3. Da a las mutuas la competencia para decidir si un problema de salud de un trabajador es de origen laboral o no.
El segundo y el tercer punto pretenden reforzar el histórico papel jugado por la mutuas de ocultar la relación entre los daños de las/os trabajadores y las exposiciones a riesgos laborales determinadas por las malas condiciones de trabajo.
4. Da a los médicos de las mutuas la posibilidad de dar el alta médica en los procesos de baja atendidos por el Sistema Público de Salud.
5. Ignora el criterio clínico de los médicos inspectores de la inspección médica del Servicio Público de Salud a la hora de controlar las bajas médicas. Esto supone una recentralización de competencias autonómicas en su día transferidas.
6. Incrementa la burocracia en las consultas de Atención Primaria. Este último punto viene a colaborar al deterioro del sistema sanitario público que se está buscando con objeto de argumentar su privatización.
Que los actuales gobernantes se atrevan, con el tsunami de corrupción, fraude y delincuencia que practican las altas instancias del Estado, de la banca, de las empresas del Ibex, de los dirigentes de los partidos gobernantes… se atrevan, decíamos, a acusar a las/os trabajadores y a las/los médicos del sistema público de salud de cometer fraude con las bajas médicas sin aportar dato o estudio alguno al respecto, es una muestra más de la bajeza moral de la mayoría de los políticos que nos gobiernan y de las entidades a las que representan.
Con objeto de aumentar la productividad y su beneficio económico, el destino diseñado por empresarios y gobiernos neoliberales para las personas enfermas parece ser el paro, la pobreza, y también la caridad si logran privatizar el sistema sanitario público.
Desde la Plataforma Navarra de Salud, con este escrito queremos informar a la sociedad de los peligros contenidos en el referido Proyecto de Real Decreto, solidarizarnos activamente con las personas enfermas que ven en riesgo su empleo y, por último, hacer un emplazamiento a los partidos y agentes sindicales y sociales a oponerse y movilizarse contra su aprobación.
Al objeto de evitar erróneas conclusiones en los estudios de salud laboral en los que se compara población trabajadora a población general, se tiene en cuenta el posible sesgo debido a que las personas asalariadas en principio están más sanas que las personas que no lo están. Las decisiones gubernamentales a buen seguro magnificarán este sesgo tras expulsar del trabajo a las personas enfermas.
